Preocupados por los crecientes índices de robo de ganado que se viene registrando en el país, desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) manifestaron sus inquietudes al fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, con respecto a hacer frente a esa problemática y la necesidad de contar con más personal del Ministerio Público que acompañen esa lucha.

En esa línea, el presidente de la ARP, Pedro Galli, mencionó a Valor Agro que hablaron con el Fiscal General de la necesidad de tener más representantes del Ministerio Público especializados, que acompañen a la Comisión Nacional de Lucha Contra el Abigeato, el Tráfico de Rollos y Delitos Conexos (Conalcart).

“La Fiscalía se encuentra en una situación difícil por la falta de recursos humanos, no solo para cubrir los hechos de abigeatos sino en todos los ámbitos”, indicó.

Así también sostuvo que la Fiscalía no podrá llevar adelante algunos procesos sin los recursos necesarios, pese a que el Fiscal General tenga “buena intención”.  “No hay ningún mago que pueda resolver el problemas de abigeato con las limitaciones que se tiene. Es difícil hacer los reclamos cuando no se dispone de las condiciones para cumplir, pero nos comprometimos a trabajar mutuamente y hacer nuestro mayor esfuerzo para tratar de solucionar la situación”, detalló.

En cuanto a cómo se puede reducir este flagelo, señaló que mientras existan consumidores de carne de origen dudoso (en relación a puntos de ventas) seguirá creciendo ese negocio. Así también “si no se controlan las carnicerías y los mataderos que pueden tener esa complicidad manifiesta de muchos municipios a través de la ley arcaica de faenamiento”.

Además comentó, que en la última reunión donde asistieron representantes de Senacsa y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, propuso crear un comisión que se ocupe de controlar los puntos de faenamiento.

“Tenemos plantas que aprobaron las auditorías más exigentes y que poseen la capacidad para abastecer a todo el país, sin embargo, la población está adquiriendo productos de dudosa procedencia. Vamos a ver si prospera esta propuesta, dado que implica un cambio de la legislación para adecuar el comercio de la carne y tratar de sacarle a las Municipalidades esa autoridad”, refirió.

Galli subrayó que el consumidor final que compra de estas carnicerías, es víctima también de esta problemática al adquirir productos que no tienen ninguna garantía de calidad al no distinguir si es de un animal robado.