Hay 17 casos de invasiones campesinas a propiedades privadas rurales, que fueron presentados ante el Congreso Nacional por parte de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en los que, por culpa del protocolo policial y del instructivo fiscal número 7, no se realizan los desalojos. Dicha inacción genera desesperación en el sector, dijo el Dr. Miguel Doldán, de dicho gremio.

El instructivo número 7 de la Fiscalía General del Estado, de junio de este año, empeora aún más la excesiva burocracia establecida por el protocolo policial para casos de hechos punibles de invasiones de propiedades privadas, explicó el Dr. Miguel Doldán, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Lamentó que con dichos documentos, a pesar de que están las leyes que garantizan la propiedad privada, en la práctica se vuelve imposible cumplir los desalojos, para restituir las fincas a los legítimos dueños.

“Son normas que más bien sirven para proteger a los invasores, porque indirectamente permiten la violación de las leyes y el atropello de propiedades privadas”, dijo a nuestro diario.

Doldán comentó que en varias oportunidades la Rural ya solicitó su derogación, pero actualmente se pide que por lo menos se logre la flexibilización para que los desalojos se realicen de forma más instantánea.

Entre los 17 casos de propietarios que no cuentan con garantías ni respuestas eficientes por parte de las autoridades, destacó el caso de la Ganadera Pindó S.A. como uno de los más graves, por la violencia demostrada por los campesinos.

“En Pindó los invasores se encuentran deforestando de manera indiscriminada una Reserva Forestal de 2.780 hectáreas”, sostuvo.

Según los datos, la Estancia Pindó, una empresa agropecuaria con más de 45 años de antigüedad, ubicada a 70 km. al este de Curuguaty sobre la Ruta 10 con dirección a Salto del Guairá. La misma se dedica a la producción de ganado Brangus de élite, desarrollado en 1.500 ha de pastura, 1.000 de agricultura y posee 2.780 hectáreas de monte virgen aproximadamente, inscriptas como reserva forestal.

Doldán también refirió el caso de la Estancia Panambi, ubicado entre las compañías Añaretãngue y Tapiracuãi Loma, del departamento de San Pedro, de la familia De Gásperi, con una extensión de cerca de 5.000 hectáreas, donde los campesinos invaden y reinvaden desde el 2012, sin querer saber de títulos de propiedad, ni de leyes.

Por su parte, el titular de la ARP, Dr. Germán Ruíz, señaló sobre este tema que una materia pendiente del Gobierno es lograr la seguridad absoluta a la propiedad privada. Hay casos de flagrancia en ese sentido, dijo.

Fuente: ABC