Debido a la confusión generada desde que se reabrió la discusión sobre el proyecto de ley que busca crear un impuesto a la exportación de soja en estado natural, relacionada a una posible vinculación o interés de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) con dicho proyecto, su representante, reitera su desacuerdo ante la medida por considerar que representa una amenaza al sector productivo y no ayudaría a fomentar la industria.

El anteproyecto aprobado el pasado jueves 22 de junio en la sesión de la Cámara de Senadores, que establece crear un impuesto a la exportación de soja en estado natural con una tasa del 10%, representa una amenaza para el desarrollo de la producción agrícola de nuestro país, según aclara el gremio de empresas procesadoras de oleaginosas.

Desde la CAPPRO, Sandra Noguera, Gerente General, declara que las últimas acciones que buscan aprobar estas iniciativas legislativas no son apoyadas y mucho menos impulsadas por la Cámara, sino todo lo contrario, son firmemente rechazadas pues la implementación del impuesto distorsivo afectará gravemente al sector productivo del país, por lo cual niega los supuestos beneficios que traería este nuevo tributo.

El gremio cree en un sistema impositivo equitativo que promueva el desarrollo económico del país y no en uno que pudiera restar aún más competitividad a los productos procesados, como el aceite y harina de soja, que ya tienen aranceles de importación elevados en los países de destino.

La CAPPRO expresa estar comprometida con el agregado de valor en el país, pero debido a la falta de políticas industriales coherentes y a la coyuntura actual del sector, se dificulta la posibilidad de que la industria de molienda pueda crecer y consolidarse en el país. Asimismo, puntualiza que de esta manera se desalientan nuevas inversiones ya que se evidencia que los riesgos a las grandes inversiones en las industrias no son considerados por la clase política en general.

La Cámara considera que el camino para el desarrollo del país es el diálogo entre los distintos actores de la cadena y el Gobierno para definir políticas de Estado pensando en el largo plazo para una economía sustentable.

Fuente: El Agro