El sector agroexportador paraguayo avanza en la Implementación del Sistema de Identificación de la Soja para Exportación a la UE (SISE), una plataforma voluntaria de trazabilidad que busca cumplir con las nuevas exigencias ambientales del bloque europeo.

Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo económica ya que “no hay garantías de que el esfuerzo de los productores para adaptarse a la norma se traduzca en un precio diferencial o incentivo por parte del mercado”.

Aunque existe la posibilidad de una nueva postergación, la asesora de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Sonia Tomassone indicó a Valor Agro que el país estará técnicamente listo para operar bajo el nuevo esquema si se confirma su aplicación en enero de 2026.

“Estamos aguardando la decisión final del Parlamento europeo, quien debe reunirse a finales de octubre, y a ver si se posterga o no se posterga”, sostuvo.

No obstante, aclaró que el sector productivo ya ha tomado medidas preventivas. “Nos hemos reunido a formar una plataforma privada, voluntaria, y seguimos ajustándola para poder estar listos en caso de que esta resolución entre a regir el 1 de enero del 2026”, alegó.

Explicó que, hasta el momento, se han registrado más de 800.000 hectáreas de unidades productivas que han sido monitoreadas y cumplen con los criterios exigidos por la normativa europea, especialmente en lo que respecta a deforestación cero y trazabilidad geográfica.

“Las unidades productivas que han sido monitoreadas están cumpliendo las exigencias. Pero hay que entender que la cadena de valor es muy larga hasta llegar a Europa. Por más de que podamos solucionar en Paraguay el tema de la segregación física, hay trasbordos en puertos argentinos, y eso significa que toda la cadena tiene que estar lista”, advirtió.

Una de las mayores preocupaciones gira en torno al sobrecosto operativo que implica cumplir con la norma, particularmente en términos de segregación física de los productos y el manejo de una gran cantidad de datos que deben ser verificados digitalmente.

“El volumen de información es muy grande. Una barcaza puede tener 2.500 toneladas que provienen de 20, 100 o 200 fincas. Ni qué hablar de un convoy de barcazas que lleva 30.000 toneladas. La única forma de manejar eso es con interconexión automática entre plataformas vía API, y en eso todavía estamos trabajando”, señaló.

Así también, manifestó que hasta ahora no existe ninguna garantía de que los productos que cumplan con las exigencias europeas vayan a recibir un precio diferenciado o incentivo económico.

“Hasta ahora no hay nada que asegure que el productor va a recibir un plus. Debería haber, porque se trata de un producto diferenciado, pero hasta ahora eso no está definido”, indicó.

Desde Capeco se alienta a los productores a que avancen con el proceso de georreferenciación, incluso si la normativa llegara a postergarse. Esto permitiría ganar tiempo y facilitar la implementación futura.

“Lo que solicitamos por ahora es que el productor suba sus coordenadas georreferenciadas. Si ya tiene declaración de impacto ambiental, entonces ya tiene todo. Es simplemente alzar los datos a la plataforma y ver si cumple o no cumple”, explicó.

De aprobarse la postergación, Paraguay ganaría un año más para ajustar los aspectos técnicos y consolidar las interconexiones con plataformas de Argentina y de la Unión Europea, necesarias para manejar el volumen y la trazabilidad de los envíos.

“Nos va a dar bastante más tiempo para ajustar los detalles, porque el volumen de información es enorme. Pero igual seguimos trabajando para estar listos”, concluyó.