La Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) confirmó avances concretos en la investigación abierta contra siete frigoríficos exportadores, ante indicios de posibles prácticas anticompetitivas, principalmente vinculadas a presunta colusión de precios en el mercado de la carne vacuna.

El director de Investigación de la CONACOM, Ricardo Gavilán, a ABC Cardinal que uno de los factores determinantes para cerrar la investigación preliminar y avanzar hacia un sumario administrativo fue la detección de paralelismo en los precios de venta de algunos cortes entre frigoríficos que, al no pertenecer a un mismo grupo económico, deberían competir entre sí.

“Uno de los indicios que se toman en cuenta es justamente la existencia de un marcado paralelismo en los precios”, explicó, aclarando que este comportamiento, por sí solo, no constituye una prueba concluyente, pero sí un elemento que amerita una investigación formal.

A esto se suman testimonios de productores ganaderos, que señalan supuestos acuerdos entre plantas frigoríficas no solo en precios de compra y venta, sino también en bonificaciones, condiciones comerciales, entrada y salida del mercado, prácticas que, de confirmarse, estarían expresamente prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia.

Gavilán fue enfático al señalar que el núcleo central de la investigación es determinar si existió o no colusión, y que, de comprobarse, su impacto sería directo sobre los precios de la carne.

“Los frigoríficos no pueden pactar precios de compra, precios de venta, ni coordinar salidas o entradas al mercado. Si hay colusión, necesariamente impacta en los precios”, afirmó.

No obstante, remarcó que la CONACOM no puede adelantar conclusiones sin pruebas contundentes. “Hoy hablamos de indicios, no de certezas. Para afirmar que existió una conducta anticompetitiva, el hecho debe ser probado”, subrayó.

Plazos legales y posibles escenarios

El sumario administrativo se encuentra ahora dentro del plazo legal de 180 días, divididos en 90 días iniciales prorrogables por otros 90. De acuerdo con lo explicado por el Director de Investigación, el proceso debería concluir hacia el mes de agosto.

Al finalizar la investigación, el requerimiento conclusivo puede derivar en dos escenarios: formulación de acusación, si se confirman los indicios y se reúnen pruebas suficientes de prácticas anticompetitivas; o archivo del expediente, si no se logra demostrar la existencia de dichas conductas.

Gavilán aclaró que el sumario puede cerrarse antes del plazo máximo si la evidencia así lo permite, pero no puede extenderse más allá de lo establecido por la ley.

Facultades amplias de investigación

La CONACOM cuenta con amplias herramientas legales para requerir información y documentación, no solo a las empresas investigadas, sino también a terceros, personas físicas o jurídicas, que estén vinculadas al funcionamiento del mercado.

“Todos están legalmente obligados a responder y proveer la información solicitada. En caso contrario, pueden ser sancionados”, indicó.

Si bien la CONACOM no es un ente regulador de precios, Gavilán explicó que su rol es garantizar la libre competencia. En ese sentido, sostuvo que la eliminación de eventuales acuerdos entre competidores obligaría a las empresas a rivalizar en precio, calidad e innovación, lo que, como consecuencia lógica, debería beneficiar tanto a proveedores como a consumidores.

“Cuando se rompe un acuerdo anticompetitivo, las empresas se ven obligadas a competir. Y la competencia, necesariamente, tiende a bajar los precios”, concluyó.