Rossana Riveros| Valor Agro

Los recientes hechos de violencia en Capiibary y Caaguazú han generado preocupación dentro del sector productivo del país. En ese sentido, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado rechazando estos actos inaceptables y reafirmando su compromiso con el diálogo y la seguridad en el campo.

El presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la ARP, Diego Torales, comentó en Valor Agro que en lo que va del año no se habían registrado actos de violencia de esa naturaleza, como los que ocurrieron recientemente.

“En este contexto, lo que nos queda como gremio es solicitar a la institución respectiva, que en este caso es la Fiscalía, que investigue como corresponde ambos hechos, tanto lo ocurrido en Capiibary como lo acontecido en Simón Bolívar, porque debemos conocer claramente el motivo detrás de estos ataques”, señaló.

Agregó: “No estamos hablando de una invasión como tal, sino de un acto terrorista que buscó golpear al sector productivo, atacando en esta ocasión la vida de un trabajador que estaba cuidando un establecimiento”.

Indicó que, sin embargo, les sigue preocupando la aparición de estas células violentas de criminales. “Lo único que podemos hacer como Asociación Rural del Paraguay es exigir a la Policía Nacional y a la Fiscalía una respuesta en cuanto a la identificación de los líderes o responsables morales de estos actos, porque debemos entender que estas personas cometieron un hecho punible y luego se retiraron del lugar”, apuntó.

Asimismo, precisó que no hubo invasión como tal, sino que se vulneró un bien jurídico protegido, que en este caso no era la tierra, sino la vida, lo cual es aún más grave.

Torales mencionó que han tenido una apertura por parte del gobierno para garantizar la seguridad en el campo. Señaló que con el ministro Riera viene trabajando muy bien en coordinación con la Comandancia, en un diálogo bastante abierto.

“Hasta el momento, venimos trabajando bien. No estamos en el país de las maravillas, pero al menos el diálogo es abierto. Tenemos la colaboración de los distintos funcionarios encargados de la seguridad, y creo que hay disposición para apoyar al sector”, remarcó.

La Ley. El representante de la ARP manifestó que la Ley Zavala-Riera ha tenido un efecto positivo para el sector, ya que las organizaciones ya no se animan a realizar invasiones con la misma frecuencia que antes, cuando era casi cotidiano.

Remarcó que, desde la implementación de la  mencionada ley, los productores se sienten “más protegidos” y las invasiones se han reducido en comparación con años anteriores, especialmente frente a 2018, cuando aún no se contaba con esta ley y se registraban numerosos casos de invasiones, y que la intención de la ley era frenar o disminuir los casos de invasiones, objetivo que se ha ido cumpliendo.

Finalmente, Torales subrayó la importancia de que el Estado, a través de sus distintos órganos (Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo y Ministerio Público), brinde seguridad jurídica a los productores.

“El productor tiene que sentirse protegido por sus instituciones para poder producir la mejor genética en un animal y obtener el mejor rendimiento por hectárea en sus cultivos. Solo así podremos sacar adelante a este país, que es agroexportador y productor de materias primas por naturaleza”, cerró.