Autoridades de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), y referentes de otros gremios productivos emitieron este jueves una alerta ante el resurgimiento de amenazas de invasión de propiedades privadas en el norte del país, con especial preocupación por la zona de San Pedro.

“Queremos expresar nuestra preocupación ante estas amenazas crecientes que resurgieron en el norte del país, especialmente en la zona de San Pedro”, afirmó Dani Prieto, presidente de la ARP.

Prieto advirtió sobre movimientos preocupantes en la estancia Lucipar, administrada por la SENAVICO, y enfatizó que el respeto a la propiedad privada no es negociable.

El dirigente señaló que los mecanismos legales están claramente establecidos para cualquier reivindicación social.

“Realmente estamos muy preocupados, alertamos de esta situación, hay una amenaza específica para una invasión el 5 de diciembre, coincidentemente con vísperas de la fiesta de Caacupé, y realmente trabajamos en forma muy coordinada con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional e instamos a las otras autoridades, la Fiscalía General y del Poder Judicial, a acompañar y estar atentos”, manifestó.

“Estos hechos nos preocupan. Condenamos de todo punto de vista cualquier intento de invasión u ocupación y, desde el sector de la producción, vamos a estar alerta. Respetamos cualquier reivindicación social, pero para eso están los protocolos, las leyes vigentes y los canales correspondientes. Desde la Asociación Rural y todas las uniones de gremios condenamos esta acción”, agregó.

Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), calificó de alarmante el uso de la violencia como herramienta política. “En años electorales esto se agudiza, y vemos con preocupación que pseudo líderes sociales usan estas tácticas en busca de votos. Las soluciones no se generan violando la ley ni con la violencia. Existen mecanismos institucionales para el acceso ordenado a la tierra, claramente establecidos en el Estatuto Agrario, y las autoridades deben proteger a quienes trabajan dentro de la ley y sancionar a los que la violan”, afirmó.

Cristaldo agregó que prevenir estas amenazas es fundamental. “Si podemos frenar esto sería muy bueno y que el que viola la ley sea sancionado. La clave es que el sector tenga tranquilidad para trabajar y que el país mantenga su rumbo de desarrollo”, manifestó.

Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), vinculó la seguridad jurídica con el desarrollo económico. “Si no tenemos seguridad jurídica, difícilmente podemos esperar más inversión, desarrollo o reducción de la brecha social. Todos reclaman seguridad jurídica y en Paraguay reclamamos igualdad jurídica. La ley no puede ser objeto de incumplimiento bajo ningún punto de vista”, remarcó.

Duarte criticó también la falta de acción de algunas instituciones. “Condenamos toda intención de ocupación, pero protestamos enérgicamente acciones como las de la fiscalía que no acompañan el actuar de la fuerza del orden público. Solamente respetando la ley y las instituciones se puede avanzar como país”, apuntó.