La discusión sobre el futuro de la vacunación contra la fiebre aftosa en Paraguay sumó un nuevo posicionamiento clave desde el sector productivo. La Asociación Rural del Paraguay (ARP) fijó una posición clara: no es momento de avanzar hacia un levantamiento del esquema sanitario y la prioridad debe ser consolidar garantías, sostener la confianza y alinear a toda la cadena.

El presidente del gremio, Daniel Prieto, confirmó a Valor Agro que la vacunación continuará al menos durante 2027 y 2028, en línea con el compromiso asumido por el Poder Ejecutivo, llevando tranquilidad a un sector productivo que venía con señales de preocupación.

“La vacunación del 2027 y 2028 están fijadas, están comprometidas por el Presidente de la República”, afirmó .

Sin embargo, detrás de esa definición hay una discusión mucho más profunda. Para la ARP, el foco no está únicamente en sostener la vacunación, sino en cómo Paraguay construye el camino hacia un eventual cambio de estatus sin poner en riesgo uno de los principales activos del negocio cárnico: la credibilidad sanitaria.

Prieto reconoció que existe una tendencia global, y también regional, hacia sistemas sin vacunación, pero dejó en claro que Paraguay no puede apurar ese proceso. “No estamos ajenos a eso ni nos oponemos, solamente queremos hacerlo bien. Hay que construir ese proceso”, sostuvo .

En ese sentido, advirtió que el país aún tiene etapas críticas pendientes, especialmente en la preparación para el “día después”, un punto que el sector productivo considera clave y todavía insuficientemente desarrollado.

“Hoy no vemos que estemos en condiciones de hacer eso”, remarcó .

Ese “día después” no solo implica sostener el estatus sanitario sin vacunación, sino garantizar capacidad de respuesta ante eventuales focos, robustez institucional, controles eficientes y un sistema que funcione con la misma disciplina que hoy sostiene niveles cercanos al 98% de cobertura y más del 95% de inmunidad.

Uno de los ejes más relevantes del planteo de la ARP es la ausencia de un incentivo económico inmediato para acelerar la decisión.

En un contexto donde Paraguay ya logró consolidar mercados de alto valor —incluso manteniendo la vacunación—, el gremio entiende que no hay razones comerciales que justifiquen asumir riesgos sanitarios. “No hay un beneficio comercial inmediato”, afirmó Prieto .

Incluso, relativizó las versiones sobre presiones externas, señalando que mercados como Estados Unidos han demostrado que la decisión sanitaria responde a la soberanía de cada país y no a exigencias directas.

La comunicación como punto de quiebre

Si hay un punto donde la ARP puso especial énfasis es en la forma en que se está comunicando el proceso.

Aunque el sector reconoce que fue escuchado —reflejado en la continuidad de la vacunación—, también advierte que ciertos mensajes generan ruido en el campo y afectan la confianza.

“Algunos sistemas de comunicación generan tensión, generan fricción y generan preocupación”, señaló Prieto .

Para el gremio, este no es un detalle menor. En un modelo sanitario que depende fuertemente del compromiso del productor, la comunicación no puede ser unilateral ni interpretarse como una imposición.

“Tenemos que trabajar juntos ese plan y comunicar juntos para generar tranquilidad en el productor nacional”, insistió .

Detrás de esta advertencia hay un mensaje claro: sin alineamiento entre el sector público y privado, cualquier estrategia sanitaria pierde sustento.

En esa misma línea, Prieto también defendió con firmeza el modelo sanitario paraguayo, construido sobre una articulación público-privada que permitió al país posicionarse entre los principales exportadores de carne. “El 90% de la responsabilidad tiene el productor”, afirmó .

Ese modelo, basado en la conciencia sanitaria, la disciplina en la vacunación y la coordinación institucional, es hoy uno de los principales activos de la cadena cárnica.

“Hay que cuidar eso, no hay que destruir. Y eso se hizo de consenso, no con imposiciones”, enfatizó .

Consenso o ruptura: una línea sensible

El posicionamiento de la ARP también deja ver una señal política clara: el proceso solo puede avanzar si se sostiene el trabajo conjunto.

Prieto advirtió que una eventual ruptura en esa coordinación tendría consecuencias profundas para toda la cadena. “Causaría mucho daño al país, al gobierno, al sector productivo, a toda la cadena de valor”, alertó .

En ese contexto, el gremio ratifica su disposición a seguir trabajando con el servicio oficial, pero también deja en claro que no acompañará decisiones que no estén respaldadas por consenso y garantías.