A pesar del impulso del servicio oficial por levantar la vacunación contra la fiebre aftosa, el sector ganadero paraguayo rechaza categóricamente esa posibilidad. Los productores argumentan que el país no está en condiciones de asumir ese riesgo sanitario sin comprometer mercados clave, la estabilidad productiva y la reputación internacional. La posición mayoritaria dentro del gremio es mantener la vacunación, al menos, hasta el año 2030, y solo entonces evaluar posibles cambios.

El presidente de la Regional San Pedro de la ARP Osvaldo Osnaghi indicó a Valor Agro que mientras países vecinos como Brasil y Bolivia avanzan sin vacunación, Paraguay debe mantenerse expectante y actuar con responsabilidad.

“La posición de las rurales es no levantar la jeringa. No podemos correr el riesgo de que nos pase lo que ocurrió en 2011, por más que se diga que la parte viral está controlada”, afirmó.

Osnaghi señaló que la ganadería paraguaya logró abrir y sostener mercados de alta exigencia gracias al modelo actual de vacunación.

“Hoy exportamos a Estados Unidos, Israel, incluso con hueso, algo que antes no era posible, Chile y también a Brasil. ¿Qué beneficio económico puede recibir el ganadero si levantamos la vacunación? Corremos muchos riesgos”, advirtió.

El dirigente explicó que el gremio no se opone al cambio como concepto, pero insiste en que no es el momento, y que el proceso debe ser gradual, técnico y ampliamente consensuado:

“Nuestros vecinos, tanto Brasil como Bolivia, levantaron. Queremos estar un poco expectantes, mirando cómo les va a ellos. Y después sí, hacer un programa. Algún día vamos a tener que levantar, pero que no sea ahora. La idea de la Rural es aguantar hasta el 2030 y ahí hacer una reunión y verificar todo”, explicó.

“Si nos dicen ‘vamos a aumentar los precios, vamos a pagar mejor’, entonces sí, podríamos correr el riesgo. Pero si nos vuelve a agarrar un episodio sanitario, esto va a retroceder muchísimo. En 2011, mucha gente salió muy golpeada. Un brote podría hacernos retroceder muchísimo”, añadió.

Fondo sanitario. Osnaghi también puso sobre la mesa la existencia de un fondo económico en manos del Senacsa, originado del cobro del 1% de la guía de traslado, que actualmente rondaría entre 20 y 25 millones de dólares. Dijo que estos recursos pertenecen a los productores y deben usarse únicamente para indemnizaciones en caso de emergencias sanitarias.

“Hay que aclarar cómo se va a usar esa caja si ocurre un brote”, señaló.

Y concluyó: “Tanto el presidente de la República como Senacsa y todos los responsables sanitarios tienen que escuchar la voz del ganadero. Sentarnos a hablar y que argumenten bien por qué se quiere levantar. Nosotros también vamos a dar nuestro punto de vista, y pedimos que se respete la decisión del productor”.