La reciente decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea al Tribunal de Justicia del bloque generó preocupación y titulares alarmistas. Sin embargo, para Maximiliano Moreno, director del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, no se trata de una reapertura de la negociación ni de una ruptura del entendimiento alcanzado, sino de un freno de carácter institucional dentro del complejo sistema jurídico europeo.
Moreno explicó que lo sucedido no pone en cuestión el contenido del acuerdo negociado con el Mercosur, sino los procedimientos internos que deben cumplirse para que pueda entrar en vigor. Días atrás, el Consejo de la Unión Europea, donde están representados los 27 Estados miembros, autorizó por mayoría calificada a la Comisión Europea a firmar el acuerdo. Esa autorización, lograda por un margen ajustado y con un voto clave de Italia, permitió la firma política del entendimiento.
El paso siguiente para que el acuerdo comience a regir es la aprobación del Parlamento Europeo. Sin embargo, antes de avanzar en ese trámite, el Parlamento decidió activar uno de los resortes previstos en el marco jurídico comunitario: solicitar la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad legal del acuerdo con el derecho europeo. Esta decisión tiene efecto suspensivo, lo que implica que el Parlamento no tratará el fondo del acuerdo hasta que el Tribunal se expida.
Según Moreno, este punto es clave para llevar tranquilidad. “No es que se reabra la negociación ni que el acuerdo esté en riesgo inmediato. Lo que se detiene es el tratamiento parlamentario hasta que el Tribunal determine si el texto es jurídicamente consistente con el entramado institucional de la Unión Europea”, explicó. El problema es que el Tribunal no tiene plazos definidos y los antecedentes indican que su análisis puede demorar entre 18 y 24 meses.
Frente a este escenario, se abre una discusión política de alto nivel en Europa: la posibilidad de aplicar el acuerdo de manera provisional. Moreno recordó que existen numerosos antecedentes en los que la Unión Europea puso en vigencia provisoria la fase comercial de acuerdos de asociación, incluso antes de completar todo el proceso de ratificación nacional en los 27 países miembros. Esa aplicación provisional suele centrarse en el capítulo comercial, el más relevante para el Mercosur por su impacto arancelario en carnes, granos y otros productos agroindustriales.
La diferencia en este caso es que, históricamente, esas aplicaciones provisorias contaron con la aprobación previa del Parlamento Europeo, algo que hoy no ocurrirá hasta que se pronuncie el Tribunal. La decisión de avanzar o no con una aplicación provisional quedaría entonces en manos del Consejo y de la Comisión Europea, lo que implicaría un movimiento políticamente sensible al ir en contra de la posición cautelar del Parlamento.
Moreno señaló que el contexto geopolítico y económico juega a favor de esa alternativa. Alemania, por ejemplo, ya manifestó públicamente su apoyo a avanzar con una aplicación provisional del capítulo comercial mientras se espera la decisión judicial. Sin embargo, el escenario interno europeo es complejo y las resistencias, encabezadas históricamente por Francia y los lobbies agrícolas, siguen teniendo peso en el Parlamento.
En síntesis, el acuerdo Mercosur–Unión Europea no está caído ni renegociado, pero sí enfrenta una pausa institucional que puede extenderse en el tiempo. El desenlace dependerá de si las autoridades ejecutivas europeas se animan a avanzar con una aplicación provisional del capítulo comercial o si optan por esperar el fallo del Tribunal de Justicia, una definición que marcará el ritmo real de entrada en vigor del acuerdo para el bloque sudamericano.
