La Comisión Europea presentó este martes (21), una propuesta clave para asegurar una aplicación más eficaz y realista del Reglamento de la UE sobre deforestación (RDUE), que busca garantizar que los productos comercializados en el mercado europeo no contribuyan a la destrucción de los bosques en ninguna parte del mundo. La iniciativa introduce importantes simplificaciones dirigidas a operadores económicos, en particular a pequeñas y microempresas, sin debilitar los mecanismos de control ni los objetivos ambientales del reglamento.

Uno de los cambios más relevantes es la exención de la obligación de presentar declaraciones de diligencia debida para los operadores intermedios y comerciantes, como minoristas o fabricantes de productos elaborados. Solo será necesario que el primer operador que introduzca el producto en el mercado de la UE —por ejemplo, un importador de cacao— realice dicha declaración en el sistema informático del RDUE. Esta medida pretende evitar duplicaciones y aligerar la carga administrativa a lo largo de la cadena de suministro.

Además, los pequeños productores primarios y microempresas de países clasificados como de bajo riesgo, que representan casi la totalidad de agricultores y silvicultores de la UE, solo deberán presentar una declaración única y simplificada. En los casos en que la información requerida ya figure en bases de datos de los Estados miembros, no será necesario realizar ninguna acción adicional.

La Comisión también propone un calendario de aplicación más flexible. Mientras que las grandes y medianas empresas deberán cumplir con el reglamento a partir del 30 de diciembre de 2025, se prevé un período de gracia de seis meses para los controles y su ejecución. Las micro y pequeñas empresas, por su parte, tendrán un año más para adaptarse, con una nueva fecha de entrada en vigor fijada para el 30 de diciembre de 2026.

Estas medidas responden a las preocupaciones expresadas por sectores afectados y al aumento inesperado en la carga operativa prevista para el sistema informático encargado de gestionar las declaraciones. Desde su puesta en marcha en diciembre de 2024, la Comisión ha trabajado en su desarrollo técnico en colaboración con las partes interesadas. Sin embargo, nuevos datos sobre el volumen de transacciones previstas han obligado a reconsiderar su capacidad y reforzar la infraestructura digital.

La Comisión advierte que, si el Parlamento Europeo y el Consejo no aprueban esta propuesta antes de fin de año, se aplicará el calendario original, sin los ajustes propuestos. Por ello, Bruselas insta a una rápida adopción de esta modificación legal.

Desde su entrada en vigor en junio de 2023, el Reglamento sobre deforestación se ha consolidado como uno de los pilares del Pacto Verde Europeo, en un contexto global alarmante: según la FAO, entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque en el mundo, una superficie mayor que toda la Unión Europea. Con esta nueva propuesta, la Comisión reafirma su compromiso con la lucha contra la deforestación, pero busca hacerlo de forma equilibrada, eficaz y realista para las empresas.