Las principales instituciones agroindustriales de Paraguay, Argentina y Brasil formalizaron una acción conjunta en rechazo al Reglamento (UE) 2023 / 1115 sobre productos libres de deforestación, una normativa que impone condiciones unilaterales y extraterritoriales, amenazando la competitividad exportadora del bloque sudamericano.

El pronunciamiento, realizado en el marco del Espacio Parlamentario Agroindustrial Sud americano (EPAS), marca un hito en la articulación regional frente a políticas externas que impactan directamente sobre las economías rurales.

Rechazo conjunto al reglamento europeo. El comunicado, inicialmente impulsado por entidades del agro de Argentina, Brasil y Paraguay, los tres países más expuestos a los efectos del EUDR (European Union Deforestation Regulation), expresa un rechazo categórico a la medida, señalando que fue aprobada sin consulta previa a los países productores y que vulnera principios básicos del comercio internacional.

Entre los principales cuestionamientos, las organizaciones firmantes destacan que el reglamento es extraterritorial y unilateral, aprobada sin diálogo con los países afectados. Resulta incompatible con el derecho internacional y con los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

También que contraviene acuerdos ambientales de la ONU al convertir políticas climáticas en barreras comerciales encubiertas. Impone costos desproporcionados a productores y PyMEs rurales, afectando el desarrollo local.

Además, se objeta la clasificación de “riesgo estándar” aplica da por la UE a varios países sud americanos, ya que se considera fue definida sin criterios científicos claros ni reconocimiento a los avances en materia de legislación forestal, trazabilidad y sostenibilidad productiva.

Posiciones nacionales y argumentos técnicos. Cada país aportó sus fundamentos para respaldar la posición conjunta. Argentina reiteró su rechazo formal al EUDR desde el Poder Ejecutivo y el Congreso, destacando la solidez de sus sistemas de trazabilidad y proponiendo modelos de trazabilidad documental audita da como alternativa viable.

Brasil, a través del Instituto Pensar agropecuaria (IPA), impulsó la Ley 15.122/2025, una norma de defensa soberana ante medidas internacionales que afecten la competitividad agroexportadora. Denunció, además, que el EUDR vulnera tratados internacionales y desconoce los avances del país en materia de sostenibilidad.

Paraguay, representado por la Unión de Gremios de la Producción (UGP), calificó el reglamento como discrimina torio y contrario al comercio internacional, resaltando que la norma ignora la legislación forestal vigente y genera inseguridad jurídica.

Lo que plantea la región. Desde la UGP detallaron que rechazan el EUDR en su forma actual. Exigen el reconocimiento de la equivalencia normativa de las legislaciones ambientales sudamericanas.

Advierten que la medida eleva costos, afecta la producción y genera impactos negativos en las economías rurales.  Reclaman su revisión integral bajo criterios técnicos, multilaterales y de cooperación internacional. Reafirman que toda regulación global debe construirse con diálogo, transparencia y respeto a la soberanía nacional. El plan propuesto retoma las prioridades comunes acordadas y propone una metodología colaborativa y progresiva, acompañada por instituciones regionales, nacionales y multilaterales.