La nueva postergación del reglamento europeo 11/15 refuerza la percepción de que la normativa, impulsada por la Unión Europea para exigir mayores controles de trazabilidad y sostenibilidad, podría finalmente no entrar en vigencia. En el sector productivo paraguayo crece la idea de que el proyecto perdió fuerza política y que su implementación resulta cada vez menos viable.

En ese contexto, el presidente de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS), Lindemar Cesca, sostuvo que el aplazamiento beneficia a Paraguay y al mismo tiempo evidencia las dificultades internas del bloque europeo. “Con cada postergación vemos que esta ley pierde fuerza. Para la propia Unión Europea también se volvió complicada su aplicación”, afirmó.

Según Cesca, el cambio en el escenario político europeo es un factor clave que debilita la continuidad del reglamento. “Es una normativa que nació en otro momento, cuando el partido verde tenía mayor peso en las decisiones de la Unión Europea. Hoy ese escenario cambió y, políticamente, ya no es conveniente avanzar con esta exigencia”, explicó, al tiempo de señalar que existen altas probabilidades de que la iniciativa termine siendo dejada de lado.

A pesar de ese escenario, el titular de la APS aclaró que Paraguay no detuvo su proceso de adecuación. “Nosotros seguimos trabajando. Con el gobierno ya tenemos prácticamente listo el sistema de Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental (RETSA), que permitirá cumplir con los requisitos de trazabilidad si finalmente la normativa se aplica”, indicó, subrayando que el país busca estar preparado ante cualquier resolución.

Subrayó que mientras el debate continúa en el seno de la Unión Europea, los productores locales observan con cautela, pero con crecientes dudas sobre la viabilidad real de su implementación.