La Asociación Rural del Paraguay considera que el cambio de estatus sanitario no debe ser una decisión política ni apresurada, sino un proceso técnico, gradual y sostenido bajo un modelo de cogestión público-privada.

El documento técnico presentado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) marca una postura clara frente al debate sobre el futuro de la vacunación contra la fiebre aftosa: el gremio defiende la continuidad del actual esquema sanitario hasta que existan todas las garantías técnicas, financieras e institucionales, advirtiendo que no hay beneficios económicos significativos inmediatos en suspender la vacunación.

Según el informe de más de 100 páginas elaborado por la ARP y la Fundación de Servicios de Salud Animal (Fundassa) al que accedió Valor Agro, el levantamiento de la vacunación no representa en el corto plazo una mejora sustancial en los ingresos del país ni en el acceso a nuevos mercados.

El texto señala que el estatus de libre sin vacunación no garantiza automáticamente mejores precios ni apertura comercial, y que incluso puede generar costos adicionales derivados del fortalecimiento de la vigilancia, la comunicación y la capacidad de respuesta.

“El proceso debe analizarse más allá de la dimensión sanitaria: su impacto económico y de sostenibilidad exige una planificación rigurosa y un respaldo financiero estable”, señala el informe.

La ARP advierte que cualquier error o brote durante la transición podría tener consecuencias graves en la reputación internacional del país, la confianza del comprador y el valor de la hacienda.

Por ello propone que el cambio de estatus no se mida por el ahorro de la vacuna, sino por la capacidad del sistema sanitario de sostener la prevención y la respuesta ante emergencias sin debilitar la producción ni el comercio.

Una evolución estratégica, no una eliminación de la vacuna

En el documento, el gremio enfatiza que el levantamiento de la vacunación no debe interpretarse como el final de una etapa, sino como una evolución estratégica del sistema sanitario nacional.

“La transición hacia el estatus de libre sin vacunación no debe entenderse como una simple eliminación de la vacunación, sino como una evolución estratégica orientada a consolidar la confianza interna, la competitividad internacional y la resiliencia del país frente a futuras amenazas sanitarias”, subraya la propuesta de la ARP.

Por eso, la institución propone que cualquier avance hacia ese estatus esté precedido por un modelo sólido de cogestión público-privada, que asegure continuidad operativa, financiamiento previsible y participación activa del sector productivo en todas las fases del plan.

Evaluación costo-beneficio

El estudio compara las dos alternativas estratégicas principales: mantener la vacunación sistemática, con costos recurrentes anuales pero riesgo mínimo de brote, frente a eliminar la vacunación, reduciendo costos directos pero incrementando el riesgo de pérdida de estatus.

Los resultados preliminares muestran que el beneficio neto de eliminar la vacunación es positivo solo en escenarios de largo plazo, superiores a 10 años sin brote. En cambio, sería desfavorable si ocurriera una reintroducción temprana del virus, dentro de los primeros cinco años.

Las estimaciones presentadas por la ARP indican que la eliminación de la vacunación podría generar un ahorro operativo de entre 25 y 30 millones de dólares anuales.

Sin embargo, advierte que un solo brote de fiebre aftosa podría acarrear pérdidas directas superiores a los 500 millones de dólares, dependiendo de su magnitud y duración.

El informe enfatiza que una respuesta temprana y una prevención efectiva son factores críticos para mantener un balance económico positivo.

Cogestión y prudencia: los pilares de la propuesta

En la carta remitida al Presidente del SENACSA, la ARP reafirma su compromiso con un trabajo conjunto, pero deja una posición firme: no se debe fijar una fecha para suspender la vacunación hasta cumplir con los objetivos técnicos definidos.

De todos modos, el documento plantea escenarios temporales y cronogramas para ir realizando evaluaciones y tomando decisiones: uno optimista (12 meses, con rápida ejecución pero mayor riesgo), otro más probable (24 meses, considerando el equilibrio entre seguridad y avance), y uno conservador (36 meses o más, priorizando la consolidación institucional y la confianza del productor).

Por lo tanto, esa transición a cambio de estatus podría oscilar entre 2,5 y 5 años.

Al mismo tiempo, el documento plantea que el proceso debe desarrollarse bajo una alianza transparente, efectiva y sostenible entre el Estado y los productores, con una estructura institucional capaz de prevenir, detectar y responder rápidamente a cualquier eventualidad.

“La definición, el acuerdo y la puesta en marcha de un modelo de cogestión público-privada constituyen un requisito previo para avanzar en cualquier plan de acción definitivo”, expresa la comunicación.

Sanidad como activo económico

La ARP sostiene que la sanidad animal es un activo económico nacional, construido durante décadas con inversión pública y privada, y que no debe ponerse en riesgo por decisiones apresuradas o sin consenso técnico.

La continuidad de la vacunación, afirma el documento, no es un retroceso, sino una garantía para mantener la confianza de los mercados y de los consumidores internacionales.

“El país debe llegar a cualquier cambio de estatus con un sistema sanitario fortalecido, sostenible y con amplio respaldo social”, concluye el trabajo técnico.