La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), emitió una opinión técnica sobre el proyecto de ley “Que establece la transparencia de la estructura de costos del precio y del mercado de la carne comercializada al público”, actualmente en estudio en la Cámara de Diputados. El análisis, contenido en la Opinión del Directorio D/06/2025, concluye que la iniciativa legislativa, aunque bien intencionada, podría generar efectos contrarios a los buscados, afectando la libre competencia y debilitando la dinámica del mercado.

La propuesta legislativa busca establecer un régimen de transparencia en toda la cadena de comercialización de la carne, desde la compra del ganado hasta la venta al consumidor final. Su objetivo declarado es “fomentar la competencia comercial en términos leales y legales, evitar prácticas abusivas y garantizar al consumidor el respeto a sus derechos y dignidad”.

El proyecto establece la obligación de que todos los actores de la cadena (productores, mataderos, frigoríficos, distribuidores y minoristas) publiquen información detallada sobre precios, márgenes y estructuras de costos.

Tras un análisis jurídico y económico, la Conacom señala que el proyecto presenta riesgos significativos. Uno de los principales cuestionamientos apunta a la obligación de publicar información comercialmente sensible.

“El proyecto de ley establece una barrera injustificada a la competencia al disponer la publicación de la información no solo de compra o venta, sino también de estructura comercial relativa a los actores del sector de la carne”, señala el dictamen.

La institución advierte que, si bien parte de la información ya es pública (como los precios de compra del ganado o datos de exportación), la publicación sistemática y detallada de precios, costos y márgenes de utilidad podría facilitar la coordinación tácita entre competidores, favoreciendo prácticas colusorias o de cartelización.

“La publicación de estos datos podría permitir a los participantes del mercado acceder, a través de la intervención estatal, a información propia de sus competidores, afectando negativamente la competencia”.

Además, la Conacom resalta que esta medida podría obstaculizar investigaciones sobre conductas anticompetitivas, dificultando la labor de su Dirección de Investigación.

En su dictamen, la Conacom recuerda que existen mecanismos legales ya vigentes para recabar este tipo de información, sin necesidad de publicarla. Señala que tanto la propia institución como SEDECO y otras autoridades pueden requerir datos confidenciales a los actores del mercado bajo protocolos de confidencialidad establecidos.

“Existen medidas alternativas a la publicación de los datos. En el caso de la Conacom, existen mecanismos para el manejo de información confidencial en el marco de expedientes procesados ante la institución”, expresa el documento.

También se sugiere que, si se considera útil la divulgación de información para fines estadísticos o de monitoreo, se utilicen datos agregados o índices de precios que no permitan identificar a empresas específicas ni sus estrategias comerciales.

El análisis de la Conacom se basa en su Guía para la regulación con criterios de competencia (2023), que se fundamenta en tres principios clave: necesidad, proporcionalidad y no discriminación. El dictamen subraya que la regulación solo debe adoptarse cuando exista una falla de mercado clara y no haya medidas menos restrictivas disponibles.

“La regulación debe superar un test de análisis costo-beneficio, de forma que los beneficios inherentes a la regulación superen sus costos”, sostiene el informe.

La Conacom concluye que, en su formato actual, el proyecto de ley podría distorsionar el mercado, desincentivar la innovación y facilitar comportamientos anticompetitivos. Por ello, recomienda a las comisiones parlamentarias rechazar el proyecto, por considerarlo innecesario y contraproducente.