Zonas con fuerte potencial agrícola y ganadero, en promedio, pagan apenas G. 1.300 por hectárea de impuesto inmobiliario. Catastro pide aprobar ley que fija el gravamen según el potencial del suelo.
En manos de la Cámara de Senadores queda la definición en breve del discutido proyecto de ley que busca corregir el desfase que existe sobre el valor imponible que se fija por hectárea de tierra para el pago del impuesto inmobiliario.
El valor fiscal estipulado para cada distrito en zona rural varía de G. 130.000 hasta G. 645.000 por ha.; esto significa que el impuesto inmobiliario que pagan los propietarios de estas tierras es de entre G. 1.300 a G. 6.450 por cada hectárea, el 1% del valor fiscal.
Ante esta realidad, la directora del Servicio Nacional de Catastro, Anatalia Aranda, en diálogo con Última Hora, puso como ejemplo que el propietario de 1.000 ha. en una zona agrícola altamente productiva, como Alto Paraná, está pagando anualmente en impuesto inmobiliario apenas G. 1.300 por ha. El precio de mercado de estas hectáreas oscilan entre USD 20 a 25 mil.
Es decir, existe una contradicción que radica en que las áreas más productivas del país están fijadas, conforme a la Ley 125, de Impuesto Inmobiliario, como las de más bajo potencial.
Aranda explicó que con la modificación de la Ley 125, como plantea la versión Diputados, rediseña el tarifario impositivo del inmueble a un valor de mercado. «Lo que hay que entender es que esta normativa (el proyecto de Diputados) permite uniformar el valor por zonas. Se hace un promedio y se levanta a tres veces más por lo menos el cobro de impuestos en algunos casos», señaló.
justicia tributaria. La titular del SNC aclaró que el proyecto de ley no va afectar a todos los distritos, puesto que hay muchos que van a seguir pagando el mismo valor por impuesto inmobiliario.
Hoy la institución a su cargo cuenta con un mapeo elaborado conjuntamente con el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que permite determinar, en base a criterios técnicos, el potencial productivo del suelo.
«Hoy como está la ley no se sabe ni de dónde vienen los valores. Esta propuesta uniforma por zonas estableciendo una base impositiva, con criterios técnicos y hace más justo y exacto el cobro del impuesto al inmueble», resaltó.
Ante críticas de sectores políticos y productivos sobre este proyecto de modificación de la ley, Aranda respondió que detrás de la iniciativa, que cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo, no existe ningún interés político, sino la urgente necesidad de actualizar una normativa, actualmente desfasada por estar en vigencia desde hace 25 años.
«Lo que hoy está vigente es la fijación de precios en base a un estudio realizado en el año 1992. Desde ese tiempo a esta parte, no hubo una política para hacer un estudio de revalorización de los inmuebles, se fue aumentando en un porcentaje x, pero sin ningún criterio», explicó.
La directora señaló que actualmente los distritos del departamento Central son los pagan el valor más alto en concepto de impuesto por hectárea de tierra. Citó como ejemplo al distrito de J. A. Saldivar, donde se abona anualmente unos G. 6.450 por cada hectárea, por una tierra que no tiene el potencial productivo de regiones como Alto Paraná.
Fuente: Última Hora.
