Los principales gremios de la producción, la industria, el comercio y los servicios del Paraguay elevaron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, en la que reclaman medidas inmediatas para recuperar la estabilidad económica, preservar el grado de inversión y fortalecer la confianza en las instituciones, en medio de las consecuencias de la crisis política y financiera que atraviesa el país.
En el documento, fechado el 10 de noviembre y respaldado por numerosas organizaciones empresariales y de la sociedad civil, los firmantes plantearon la necesidad de reformular el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, reducir el gasto público improductivo, eliminar privilegios y avanzar en una agenda de transparencia y responsabilidad fiscal.
“Paraguay no tiene más margen de error”, advirtieron los gremios, al considerar que el país enfrenta una coyuntura decisiva para su futuro económico e institucional.
En ese sentido, señalaron que “la preservación del grado de inversión, la recuperación de la confianza económica y la generación de empleo digno no admiten dilaciones ni discursos: exigen instituciones independientes, rigor técnico y respeto irrestricto al Estado de derecho”.
Uno de los cuestionamientos centrales apunta al proyecto de Presupuesto 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los gremios, la propuesta no contempla adecuadamente las consecuencias de la crisis bancaria ni las nuevas condiciones económicas del país. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, expresaron en la carta, cuestionando las proyecciones de ingresos, las reducciones previstas del déficit y la postergación de problemas estructurales, como el desequilibrio financiero de la Caja Fiscal.
Los firmantes sostienen que la crisis del Banco Ueno compromete los ahorros de casi tres millones de paraguayos y estiman un perjuicio para las arcas públicas de entre el 1,5% y el 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, señalan una caída del movimiento comercial, riesgos para numerosas pequeñas y medianas empresas y la pérdida de más de 5.000 empleos. Estas cifras corresponden a las estimaciones expuestas por las organizaciones en el comunicado.
Ante este escenario, solicitaron una revisión integral del presupuesto, con ingresos realistas, gastos financiables y cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, incluyendo la convergencia hacia un déficit del 1,5% del PIB. “Reclamamos reducir de inmediato el gasto corriente improductivo, eliminar los privilegios corporativos, los aumentos salariales injustificados y los gastos superfluos”, manifestaron, al tiempo de proponer que los recursos públicos sean priorizados hacia salud, seguridad ciudadana y educación.
Entre las medidas planteadas también figuran la reforma inmediata de la Caja Fiscal, mayores controles sobre los depósitos públicos, la reducción de contrataciones estatales no esenciales, el fortalecimiento de los controles contra el contrabando y mecanismos para resarcir a los ahorristas afectados que no estén cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Compromiso con las inversiones y la recuperación económica
Más allá de las exigencias al Gobierno, las organizaciones empresariales expresaron su disposición de participar activamente en el proceso de recuperación económica, poniendo a disposición del Poder Ejecutivo sus equipos técnicos para colaborar en la reformulación presupuestaria y en el diseño de medidas orientadas a restablecer la confianza. “El sector productivo asume una responsabilidad activa en la recuperación del país”, afirmaron en el comunicado.
Asimismo, se comprometieron a impulsar una agenda conjunta para atraer inversiones productivas en sectores estratégicos, promover el empleo formal, fortalecer las buenas prácticas de gobierno corporativo y ejercer vigilancia sobre la utilización de los recursos públicos.
Los gremios también reclamaron que se investiguen las responsabilidades por las fallas de control que derivaron en la actual crisis y que se apliquen las sanciones correspondientes, sin distinciones políticas ni económicas. “Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables”, enfatizaron.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado directo al presidente Alliana para que adopte decisiones concretas y verificables que permitan recuperar la credibilidad del Paraguay ante los ciudadanos, las empresas y los inversores. “Señor Presidente, recuperar la confianza exige decisiones verificables: un presupuesto realista, austeridad efectiva, controles independientes y sanciones sin privilegios”, expresaron.
La carta concluye con una advertencia sobre la urgencia de actuar para evitar un mayor deterioro de las condiciones económicas e institucionales del país. “El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro”, sentenciaron los gremios.
La carta dirigida al presidente Pedro Alliana cuenta con el respaldo de una amplia representación de gremios y organizaciones, entre ellos FEPRINCO, UIP, ARP, UGP, CIP, FECOPROD, CAPECO, CAPASU, ADEC y numerosas cámaras y asociaciones de la producción agropecuaria, la industria, el comercio, los servicios y la sociedad civil, que reclaman medidas urgentes para recuperar la confianza y la estabilidad económica del país.


