En el país continúa el debate sobre el Reglamento 1115, una norma medioambiental de la Unión Europea que establece requisitos para las importaciones a los mercados europeos. Fue aprobado en 2023 y se aplicará a partir de 2025.

Según el jefe de cooperación de la delegación de la Unión Europea en Paraguay, Matteo Sirtori, para la comercialización de materias primas, los países que forman parte del bloque del Mercosur deben cumplir con ciertos aspectos que se encuentran en el Reglamento 1115.

Uno de ellos es la verificación de que la producción no provenga de tierras deforestadas, utilizando la geolocalización. El segundo requisito es que sea legal, respetando la producción de las siete materias primas y las leyes ambientales de Paraguay. En este sentido, el productor debe demostrar a través de las instituciones públicas la trazabilidad que garantice el cumplimiento de los requisitos.

“La cooperación relacionada con el Reglamento 1115 se comenzó a diseñar hace un año y comprende una financiación de 10 millones de euros para apoyar a Paraguay en el sistema de trazabilidad o en lo que decida. Paraguay puede utilizar el sistema de Infona, de Rediex y Mades. El país decide el sistema que más le guste, y la UE ofrece apoyo técnico para la ejecución de los sistemas”, detalló.

Debida diligencia. En cuanto a los criterios para garantizar los fines de comercialización, el reglamento incluye la “Debida diligencia”, en la que el importador debe demostrar que se ha asegurado de que no haya deforestación y que se hayan cumplido las leyes nacionales. Esta debida diligencia será realizada por el importador europeo y se basará en los datos nacionales posteriores al 31 de diciembre de 2020. En caso de que el comprador no cumpla con estas exigencias, recibirá sanciones en su país.

Sartori manifestó que no hay imposición, que las reglas son para todos los países y sectores. En el caso de la soja, mencionó que en Argentina se está organizando para implementar un visor que garantice la trazabilidad del grano exportado a la Unión Europea y a otros mercados mediante geolocalización.

“Otros mercados comenzarán a exigirlo; la soja paraguaya se exporta a Argentina y luego se procesa y se envía a la UE”, indicó. El alto representante argumentó que “no ve un condicionamiento” desde la UE, ya que los importadores imponen requisitos debido a que son mercados que pagan mejor, y si no se quieren adaptar, hay otros mercados que eventualmente se adaptarán.

Y concluyó que el Reglamento entrará en vigencia en el 2025 este o no de acuerdo el país, hasta la fecha la cooperación no se firmó y si no se define este año se pierde.

Posición de los gremios. Mediante un comunicado la Federación de cooperativistas de Producción (Fecoprod Ltda.) manifestaron su disconformidad y preocupación por la pretensiones de pactar mecanismos coercitivos de exportación tutelados por la Unión Europea (UE), que impliquen menoscabos a los derechos y soberanía de nuestra república.

Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) se pronunciaron  y aseguraron que no permitirán la injerencia internacional sobre las instituciones. Por su parte, el Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA) y la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) están evaluando internamente los puntos establecidos en el reglamento para formar una posición más clara como gremios y sentar postura sobre el tema.