La Eurocámara ha aprobado este 13 de enero una nueva legislación que permitirá a los países de la Unión Europea (UE) restringir o prohibir los cultivos que contengan organismos genéticamente modificados (OGM) en sus propios territorios, en una decisión de conteta a todos los países, pero que no satisface a ninguna de las posturas enfrentadas. La reforma de esta legislación llevaba cuatro años bloqueada por los desacuerdos entre los Estados pro y anti transgénicos. Las nuevas disposiciones, que entrarán en vigor en primavera de 2015, recibieron 480 votos a favor en la Eurocámara, 159 en contra y 58 abstenciones, reunida en su sede de Estrasburgo (Francia).
Los diputados del PPE y los socialdemócratas (S&D) respaldaron mayoritariamente las nuevas normas, y muchos de ellos indicaron en el debate previo a la votación que sin ser la solución ideal, permitirá resolver las dificultades existentes desde hace años en relación a la autorización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Acuerdo para desbloquear una situación «insostenible»
«Los Estados miembros y los consumidores pueden sentirse ahora más seguros sobre los transgénicos», dijo el diputado socialdemócrata Matthias Groote, que lamentó no obstante que no se haya previsto financiación para compensar a los agricultores cuyos cultivos se contaminen con OGM.
Por su parte, la diputada del PPE Pilar Ayuso recordó que se había llegado a una situación «insostenible» en relación a las autorizaciones de OGM y consideró que las nuevas disposiciones ayudarán a desbloquearla.
Los verdes y la extrema dercha coinciden en su voto en contra
Los diputados del grupo de los verdes dejaron claro en el debate que se opondrían a la normativa porque «renacionaliza una política europea importantísima», dijo el belga Bart Staes, que consideró que la nueva ley «no es democrática» y que dará a las multinacionales «gran poder» sobre la autorización.
La diputada española Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerda en Europa), alertó por su parte de que las nuevas disposiciones «no podrán preservar una agricultura campesina libre de transgénicos».
También se mostró en contra de las nuevas normas la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, que opinó que los transgénicos «son peligrosos» porque ponen en peligro la biodiversidad.
«Los supermercados franceses tendrán que aceptar cada vez más productos con transgénicos», alertó Le Pen, que opinó además que «se está legislando contra la voluntad del pueblo en un tema crucial».
Se dota de herramientas jurídicas a cada Estado
Por su parte, el comisario europeo de Sanidad y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis dijo al término del debate que con la nueva legislación los Estados miembros «tendrán herramientas jurídicamente sólidas» para decidir sobre la autorización o el rechazo del cultivo de transgénicos en su territorio.
La reforma de la legislación en la materia, presentada en 2010, llevaba años bloqueada por los desacuerdos entre Estados pro y anti OGM.
Por su parte, la organización ecologista Friends of the Earth Europe pidió a los países que hagan uso de los poderes que les confiere la nueva normativa para prohibir todos los cultivos de maíz transgénico.
Además, las empresas del sector biotecnológico de la UE, agrupadas en EuropaBio, criticaron que las nuevas disposiciones den a los países «una licencia para prohibir productos sanos que han sido aprobados a nivel europeo y permitan basar ese veto en argumentos no científicos».
Una Europa dividida que en algunos casos prohíbe su cultivo pero no su consumo
En la actualidad un gran número de Estados miembros, como Francia, Austria o Hungría, cuentan con medidas nacionales contra el cultivo de transgénicos que sin embargo están autorizados a nivel europeo, lo que crea ciertas dificultades legales.
Las nuevas reglas permitirán a los Estados miembros prohibir los OGM por motivos de política medioambiental diferentes a los riesgos para la salud o el medioambiente ya citados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Los países que quieran prohibir los OGM podrán alegar causas como la ordenación urbanística y territorial o el impacto socioeconómico.
La legislación establece un procedimiento que permitirá a las compañías de cultivo de OGM consentir estas restricciones en su licencia de comercialización antes de que el Estado miembro adopte tales medidas. No obstante, los países pueden imponer una prohibición de forma unilateral aunque la compañía no esté de acuerdo.
Los Estados miembros tendrán que garantizar que los cultivos OGM no contaminan otros productos y prestar especial atención para prevenir la contaminación transfronteriza. Actualmente el maíz MON810 es el único cultivo genéticamente modificado que se cultiva en Europa.
Fuente: agroinformacion.com