Las 231.882 hectáreas deforestadas en la Región Oriental en los últimos diez años, superan en superficie a 24 parques y reservas nacionales juntos, de las 25 que están en la región, dentro del área que corresponde al Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP). En todo este tiempo no hubo un solo responsable que haya ido a parar a la cárcel, pese a que una ley prevé esta sanción.
En la zona del BAAP de la Región Oriental existen 25 parques y reservas nacionales, que totalizan 512.017 hectáreas, según informes de la Red Paraguaya de Conservación en Tierras Privadas y de la propia Secretaría del Ambiente (Seam).
El mapeo satelital de la WWF sobre deforestación señala que en los últimos 10 años se han aniquilado 231.882 hectáreas en los departamentos que hacen al BAAP, que equivale al 45% de todas las áreas protegidas. Sin embargo, la zona deforestada supera en superficie a 24 reservas y parques nacionales que forman los puntos protegidos de la región (ver infografía). Es decir, solo la Reserva de la Biosfera Mbaracayú, de 226.995 hectáreas, hace que la zona deforestada no supere en superficie al total de lo que se protege en esta región del país.
Un equipo de ABC Color recorrió la zona de influencia de la Reserva para Parque Nacional San Rafael (entre los departamentos de Itapúa y Caazapá), la Reserva Mbaracayú (Canindeyú) y el Parque Nacional Ñacunday (Alto Paraná) y comprobó el total estado de desprotección en el que se encuentran estas riquezas naturales.
La madera, la soja y el hambre
El Bosque Atlántico del Alto Paraná está asentado en una de las regiones consideradas más ricas en recursos naturales y la de mayor producción agrícola del país. Pero a la vez es la que tiene las zonas de más alto índice de pobreza, sobre todo en los departamentos de San Pedro y Canindeyú, en donde cordones de asentamientos campesinos empobrecidos crecen a la par de grandes extensiones agrícolas.
La principales amenazas para la preservación de estos recursos naturales son los traficantes de madera, los productores de soja y los narcos que buscan extender sus territorios para la marihuana. Todo esto ante la falta de control y también la impunidad para operar.
Las autoridades competentes están muy lejos de la zona. Por ejemplo, la Unidad fiscal especializada en medio ambiente y el Instituto Nacional Forestal (Infona) tienen sus oficinas a 120 kilómetros de la reserva San Rafael, en Encarnación.
Además, algunos casos concretos ayudan a pensar que existe complicidad estatal para permitir la destrucción de los bosques.
En 2013, la fiscalía de Encarnación elaboró, ante la constante denuncia de extracción de madera, un detallado informe sobre las nueve rutas utilizadas por los rollotraficantes para extraer madera aserrada y rollos de la Reserva San Rafael.
A pesar de tener los lugares y la geolocalización de los caminos, hasta hoy, dos años después de aquel informe, nadie reforzó los controles en los lugares denunciados por la fiscalía.
Fuente: ABC.
