Unos meses antes de que la Unión Europea comience a implementar la llamada ley antideforestación, el gobierno envió una carta a los líderes de la UE pidiendo que no se aplique la legislación, a riesgo de impactar directamente las exportaciones a los países de la región.
El texto está firmado por los ministros de Agricultura, Carlos Fávaro, y de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. “Brasil es uno de los principales proveedores de la UE de la mayoría de los productos cubiertos por la legislación, que corresponden a más del 30% de nuestras exportaciones al bloque comunitario. Para evitar un impacto en nuestras relaciones comerciales, solicitamos que la UE no implemente el EUDR a partir de finales de 2024 y reevalúe urgentemente su enfoque sobre el tema”, dice el documento visto por Reuters.
La legislación europea, aprobada en 2022, prevé la prohibición de importar productos procedentes de zonas deforestadas a partir de 2022, incluso en zonas donde la deforestación es legal. El texto incluye siete sectores, con la mayoría de las exportaciones brasileñas a los europeos: carne, café, cacao, productos forestales (que incluyen papel, celulosa y madera), soja y caucho. También tiene aceite de palma, el único producto que Brasil no exporta, pero incluye derivados, como cuero, muebles y chocolate.
En 2023, este presupuesto alcanzó los 46.300 millones de dólares, según datos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Exterior. El gobierno brasileño considera que la ley podría tener un impacto de casi 15 mil millones de reales en estas exportaciones. “El EUDR fue diseñado sin conocimiento de cómo funciona el proceso de producción y exportación de diferentes productos y cuál es la realidad en cada país”, dice la carta, destacando que el gobierno y los productores brasileños estaban en Bruselas para tratar de mostrar problemas con la legislación y desafíos operativos para la implementación, pero no fueron escuchados.
“Consideramos que el EUDR es un instrumento unilateral y punitivo que ignora las leyes nacionales sobre la lucha contra la deforestación; tiene aspectos extraterritoriales que contradicen el principio de soberanía; establece un trato discriminatorio entre países al afectar únicamente a los países con recursos forestales; aumenta el costo del proceso de producción y exportación, especialmente en el caso de los pequeños productores; viola principios y reglas del sistema multilateral de comercio y compromisos acordados en el ámbito de los acuerdos ambientales multilaterales”, continúa el texto.
La implementación de la legislación a finales de este año coincide con la intención de los gobiernos del Mercosur y de la Unión Europea de cerrar finalmente el acuerdo comercial entre los bloques.
La semana pasada, los negociadores europeos regresaron a Brasilia y reanudaron las conversaciones; dentro de unas semanas debería celebrarse una nueva ronda. Según fuentes entrevistadas por Reuters, hubo avances precisamente en las áreas ambiental y de compras gubernamentales, dos áreas con puntos difíciles para la parte brasileña. Las fuentes no detallaron cuáles serían estos avances.
La UE y Mercosur señalan que la negociación comercial del bloque y la ley antideforestación son temas separados. Sin embargo, una de las preocupaciones del gobierno brasileño es precisamente el riesgo de que los europeos utilicen la ley para reducir aún más la cuota de productos agrícolas a exportar del país.y buscar algún tipo de compensación por parte de los europeos, si la ley realmente se aplica.
