El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) advirtió sobre el peligro de crear un “elefante blanco”, haciendo referencia al proyecto de ley de expropiación de tierras de Favero, que tiene media sanción en el Senado. Las fincas afectadas están ubicadas en Ñacunday, Alto Paraná, donde hasta el año pasado estaban los denominados “carperos”.
El gerente de créditos del Indert, Carlos Soler, hizo un llamado al Congreso para evitar las “expropiaciones a mansalva”, que según dijo, obedecen en la mayoría de los casos a intereses políticos e ideológicos. Cuestionó el proyecto de ley, que pretende expropiar 11.281 hectáreas provenientes de tres fincas pertenecientes a la firma Agrotoro del grupo Favero, donde hasta el año pasado estaban los compatriotas denominados “carperos”.
Según lo explicado, resulta un contrasentido a estas alturas pedir la expropiación de esas tierras, situadas en del distrito de Ñacunday, Alto Paraná, puesto que los labriegos fueron trasladados el año pasado a la colonia Santa Lucía, Itakyry, del mismo departamento, después de 14 años de ocupación irregular.
Además, es un despropósito comprar una propiedad que tiene un valor de mercado cercano a los US$ 160 millones, que en principio sería absorbido por Indert, pero que a la larga deberán abonar los campesinos, quienes no tendrán la capacidad de pago requerida, acotó.
Para el abogado José Costas, representante del grupo Favero, la decisión del Senado que dio media sanción a la expropiación “fue un rédito político para conseguir votos”.
Además, según lo indicado por Soler, el proyecto de expropiación de Ñacunday es comparable al caso Antebi Cue, un “elefante blanco, que costó US$ 45 millones al Estado más intereses, y que hasta ahora se sigue pagando”. Se trata de una propiedad de 217.836 hectáreas, ubicada en los departamentos de Concepción y Amambay, que había sido expropiada en el año 1995 a los fines de la reforma agraria, pero nunca se le dio el uso correspondiente para el arraigo campesino.
“El Estado debe honrar esa deuda, porque se carga dentro del presupuesto. Por eso se deben evitar las expropiaciones sin que se haya hecho un estudio previo y acabado de qué se puede hacer con esas tierras. Con solo comprar la propiedad no se soluciona el problema”, subrayó.
Insistió en que si bien el instituto absorbe el costo de esas expropiaciones, finalmente se lo traslada al campesino, que debe abonar el valor millonario de las tierras. Si bien lo hace de forma fraccionada, igualmente resulta costoso para su nivel de ingreso.
Otros 14 proyectos
Además del proyecto de ley sobre las tierras de Favero, que en las próximas semanas debe ser tratado en Diputados, en el Congreso existen otros 14 proyectos de expropiación, que ni siquiera fueron consensuados con el ente rural. “Seguimos con el mismo ritmo y es preocupante”, puntualizó el gerente del instituto agrario.
Según sostiene el sector campesino, la propiedad de los Favero tiene vicios en origen, por lo que corresponde más bien, un estudio de cómo accedieron a las tierras en cuestión.
Fuente: abc
