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Derogación de la Ley Zavala-Riera “será un retroceso” para alentar a las inversiones, indicó el titular de la ARP

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Derogación de la Ley Zavala-Riera “será un retroceso” para alentar a las inversiones, indicó el titular de la ARP

En unos días más, la Cámara de Senadores estudiará sobre la intención de derogar la Ley “Zavala- Riera” que contempla la sanción de la pena privativa de entre cinco y 10 años a quienes invadan propiedades. Ante esa situación, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, manifestó que los efectos positivos de la aplicación de esta medida están a la vista con números de invasiones que han disminuido.

El titular del gremio habló de que las penas que contempla la Ley-promulgada en el 2021- se aplican por los castigos o por actividades ilícitas que están con un objetivo disuasivo para evitar que se cometan los delitos.

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“El espíritu de esta Ley no es perseguir a nadie, por lo contrario, es elevar las penas que están establecidos como delito, que obre como un efecto disuasivo y preventivo. No sé cuál es el espíritu de los que lo rechazan porque tampoco tiene efecto retroactivo, no afecta a aquellos casos que están en desarrollo, no sé cuál sería el motivo para defender la delincuencia, estimular la comisión de delitos punibles”, cuestionó el titular del gremio.

El senador y uno de los propulsores de la Ley, Enrique Riera había señalado que dejarlo sin vigencia se estará “matando la economía”, misma postura fue compartida por Galli quién añadió que también será un “retroceso” dado que la principal debilidad que tiene el país para ser elegido como destino de inversiones es la seguridad jurídica, y uno de los que afecta negativamente a esa cuestión son las invasiones.

“Se debe demostrar que a través de las leyes el Paraguay protege a las inversiones, a los propietarios y la propiedad privada. Es una señal positiva que al tener seguridad jurídica, nuestro país llegue al grado de inversión, porque ya tenemos buenos números, una economía relativamente estable”, agregó.

Añadió que este tipo de ordenamiento jurídico otorga seguridad al productor en el campo, que luego se refleja en la producción y en las inversiones que realizan para seguir trabajando, y generando mano de obra. “Esa sensación de tranquilidad es un capital o patrimonio que debe ser atendido al ser un principio básico para una economía de libre mercado como la que tiene el país”, remarcó.