La Asociación Rural del Paraguay (ARP) manifestó su respaldo al proyecto de ley que busca endurecer las penas por abigeato y ampliar las responsabilidades sobre quienes participan de la cadena delictiva. La propuesta, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, se encuentra actualmente bajo análisis en el Senado y plantea penas que pueden alcanzar los 15 años de prisión en los casos agravados.

Miguel Doldán, integrante de la ARP y presidente de la Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios del gremio, participó este lunes de una reunión convocada por la Comisión de Legislación del Senado, donde representantes del sector productivo y organismos públicos analizaron el alcance de las modificaciones.

Para la Rural, según expresó, uno de los principales fundamentos para avanzar con una normativa más severa está en el impacto que el abigeato genera sobre los productores de menor escala. “Los que más sufren son los pequeños ganaderos”, señaló Doldán en Valor Agregado en Radio Asunción 1250 AM.

Doldán explicó que cerca del 74% de los tenedores de ganado del país posee menos de 50 cabezas, por lo que el robo de apenas dos o tres animales puede representar una pérdida significativa del capital productivo e incluso afectar directamente el sustento familiar. Las cifras utilizadas durante el tratamiento legislativo indican que Paraguay cuenta con alrededor de 130.868 tenedores de ganado y unos 97.000 pertenecen a ese segmento de pequeños productores.

Doldán puso como ejemplo a familias que mantienen entre 10 y 15 animales y dependen de algunas vacas para producir leche y queso. “Si le roban dos o tres animales, le están robando el 50% de su capital de trabajo”, afirmó. A esto se suma, según explicó, la dificultad que muchas de estas familias tienen para realizar denuncias y acompañar posteriormente los procesos administrativos y judiciales.

El texto aprobado por Diputados establece penas de dos a diez años de prisión para el hurto de una o más cabezas de ganado mayor o menor, mientras que la expectativa aumenta de tres a quince años cuando existen circunstancias agravantes. Entre ellas aparecen la finalidad comercial, la actuación en banda, la afectación de animales de alto valor, el aprovechamiento de situaciones de calamidad, la intervención de funcionarios públicos y determinadas formas de participación en el transporte del ganado sustraído.

Para Doldán, este último punto adquiere especial relevancia porque existen casos de abigeato que operan con una logística considerable. “Hay lugares donde esto funciona prácticamente a nivel industrial. Se roba en camiones, en chatas, cuarenta, cincuenta o más animales”, expresó. Incluso, recordó denuncias recibidas durante su etapa al frente de la Comisión Nacional de Lucha contra el Abigeato que involucraban hasta 300 cabezas.

La propuesta busca, por esa razón, alcanzar no solamente a quienes sustraen los animales, sino también a integrantes de la estructura que permiten su movilización, documentación o comercialización. Doldán mencionó especialmente posibles participaciones de funcionarios vinculados a controles y documentación, además de transportistas que actúen deliberadamente dentro de estas organizaciones.

Diputados incorporó expresamente la posibilidad de sancionar al propietario o conductor de vehículos utilizados para trasladar ganado robado cuando exista participación en el hecho.

Sin embargo, la ARP considera necesario ajustar la redacción para evitar que transportistas que reciben documentación aparentemente válida puedan quedar involucrados sin conocimiento del origen irregular de la hacienda. Doldán explicó que muchos choferes se limitan a recibir una guía, cargar los animales y trasladarlos, sin tener herramientas para determinar si una marca fue adulterada o si los datos contenidos en la documentación son correctos. Por eso planteó la necesidad de complementar las sanciones con capacitación y mecanismos que permitan establecer claramente las responsabilidades.

Otro punto destacado por el representante de la Rural es que la modificación incluye al ganado menor. “No estamos hablando solamente de bovinos; también alcanza a equinos y ovinos”, señaló. Consideró que este aspecto resulta especialmente importante para productores pequeños, donde la producción ovina puede representar una porción relevante del patrimonio familiar.

La Comisión de Legislación del Senado resolvió este lunes postergar durante 15 días el estudio del proyecto y conformar una mesa técnica con las instituciones involucradas, entre ellas la ARP, SENACSA, Ministerio Público, Policía Nacional y representantes del transporte. El objetivo será revisar los artículos y avanzar hacia un texto consensuado antes de su tratamiento en el pleno.

Para Doldán, una legislación con sanciones más fuertes puede generar un efecto disuasivo frente a organizaciones que actualmente encuentran espacios para operar dentro de la cadena ganadera. “Va a ser cada vez más difícil animarse a hacer un robo de esta categoría, porque los controles y, sobre todo, las sanciones van a ser mucho más fuertes”, sostuvo