La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que, según señaló en un comunicado, autoriza al Banco Central a ampliar la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para cubrir la totalidad de los fondos públicos depositados en Ueno Bank.
El gremio pidió al Congreso rechazar la iniciativa y garantizar el pago a los ahorristas dentro de la cobertura legal vigente.
“El fondo de garantía es de los ahorristas, no para cubrir el perjuicio ocasionado por Ueno”, sostuvo la institución en el encabezado del pronunciamiento, fechado este 4 de noviembre.
La ARP manifestó su respaldo al pago inmediato a los depositantes conforme a los límites establecidos por ley, pero cuestionó que los recursos restantes del fondo sean utilizados para devolver la totalidad de los depósitos estatales. A su entender, esa decisión trasladaría las consecuencias al conjunto de los ahorristas, incluidos los productores.
“Pero usar el remanente del Fondo para devolver el total de los depósitos estatales no es una solución: es trasladar a todos los ahorristas del país, entre ellos miles de productores, el costo de decisiones que tomaron otros”, expresó.
El gremio también reclamó que se determinen las responsabilidades sobre la concentración de recursos de instituciones públicas en la entidad bancaria. “Los fondos del IPS, de las cajas jubilatorias y de las entidades del Estado no llegaron solos a Ueno. Alguien decidió concentrarlos allí”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la recuperación de esos recursos debe realizarse sobre los bienes de quienes resulten responsables del perjuicio y exigió que las responsabilidades sean determinadas y sancionadas. “Cubrirlos con el FGD no elimina el agujero, solo lo traslada al sistema, y deja a los responsables sin consecuencias”, cuestionó la asociación.
La Rural advirtió, además, sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría una excepción de esta naturaleza para la confianza en el sistema financiero. Consideró que sentaría “un precedente peligroso: que las pérdidas por malas decisiones con fondos públicos pueden socializarse cuando conviene”.
Finalmente, la ARP solicitó a los congresistas rechazar la ampliación de cobertura a los fondos públicos, garantizar el pago a los ahorristas dentro de los límites legales y exigir la recuperación de los recursos comprometidos.
