“A la fecha, la deuda de los agricultores en el sistema financiero alcanza la suma de 3.240 millones de dólares. A los efectos de cálculos para evaluar la real situación, supongamos que hipotéticamente en la cosecha que finaliza se llegue a una producción total de  10 millones de toneladas de soja, al precio actual de  USD 270 la tonelada pagado al productor, tendríamos un ingreso total de 2.700 millones de dólares, que evidentemente no alcanza para cubrir el monto de la deuda”, remarcó.

En la Cámara de Senadores hay dos proyectos de ley. El primero de ellos, presentado por los liberales Blanca Lila Mignarro y Fernando Silva Facetti, propone gravar del 10% al 15% las exportaciones de soja en grano, aceite y harina de soja. El otro proyecto, presentado en 2014 por senadores del Frente Guasú, pretende un gravamen del 15% para la exportación de granos (soja, maíz y trigo en estado natural).

El productor paga IVA, impuesto inmobiliario y Renta (IRAGRO) mientras que el comercializador y el exportador también pagan IVA y Renta (IRACIS). Cristaldo sostuvo que en total los montos abonados por el sector al estado rondan los US$ 363.250.000.

“Un impuesto a la soja en grano hará desaparecer a mas del 50% de los exportadores, sobre todo a las cooperativas y a la cadena de comercialización a favor de unos pocos”, dijo.

Los países que llegaron a consolidar su proceso de desarrollo en los últimos 50 años no castigaron la exportación, al contrario, la promovieron, explicó.

“No se puede exportar impuestos, el exportador se lo cargará al productor, de los 27.735 productores de soja, 21.000 tienen menos de 50 hectáreas, lo que significa que los pequeños y medianos trabajadores del campo serán los afectados”, según indicó.

Cristaldo remarcó que toda una cosecha no cubrirá el monto de la deuda. Por esta razón, desde el año pasado se viene trabajando en la refinanciación de los créditos.