Una quincena de eurodiputados de la Izquierda Unitaria Europea y Los Verdes en la Eurocámara instaron a la UE en una carta a parar la negociación de un acuerdo de asociación con el Mercosur por la destitución de Dilma Rousseff en Brasil.

“Expresamos nuestra mayor consternación tras la decisión” de destituir a Rousseff como presidenta de Brasil por parte del Senado de ese país, que a su juicio está “contaminado de corrupción” y ha dado “un golpe parlamentario”, destacan en la misiva enviada a la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, dada a conocer hoy pero fechada el 1 de septiembre.

Según consideran en su carta eurodiputados como Marina Albiol (IU) o Ernest Urtasun (ICV) , Rousseff “no ha cometido” el crimen del que se la acusa y su salida “afectará profundamente la construcción de una democracia inclusiva en Brasil y en el conjunto de la región”.

“Tendrá efectos desestabilizadores no sólo a corto plazo sino también a largo plazo”, comentaron los eurodiputados.

Los parlamentarios pidieron a Mogherini “no dejar pasar esto por alto” e insistieron en “no recompensar la corrupción”.

Por todo ello, solicitaron no continuar la negociación de un acuerdo de asociación con los países del Mercosur, en la que además de Brasil están incluidos Argentina, Uruguay y Paraguay.

“No podemos seguir negociando como si nada pasara y el Senado brasileño no hubiera orquestado un ataque dramático a la integridad de la democracia institucional del país”, subrayaron.

Así, urgieron a “hablar claramente en contra de la amenaza a la democracia en Brasil, rechazar el golpe parlamentario y parar las negociaciones de un acuerdo de asociación con el Mercosur”, en tanto que “los países miembros no estén representados por gobiernos llegados al poder por procedimientos democráticos legales y no por maniobras escandalosas”.

El Senado brasileño destituyó a Rousseff por hallarla culpable de incumplir la ley de responsabilidad fiscal por haber modificado los presupuestos vía decreto sin autorización legislativa, y porque consideró que el Gobierno tomó créditos de la banca pública, algo prohibido por ley, al demorarse en hacer depósitos a esos bancos.

Fuente: ABC